En tiempos duros, el capital político es la ilusión, y el PSOE ha sabido sacarlo de sus horas más bajas. Todo parecía indicar que era el siniestro Madina, niño bonito del zapaterismo y candidato «del aparato», el heredero natural de la secretaría general de un PSOE perdido en medio de la tempestad post-elecciones europeas. Una tempestad que había puesto el norte socialista en el radicalismo amable de Pablo Iglesias, ninguneando la caspa estructural de una Izquierda Unida que nada tiene que no tenga ya el ala radical del PSOE o el círculo naturista de Podemos. Y tanto es así que se han detectado en las últimas semanas migraciones de militantes y votos del PSOE a Podemos, puenteando al inane Willy Meyer y sobre todo a Alberto Garzón, el Salieri de Iglesias designado por Meyer para liderar la nueva comparsa, pues la vieja IU era la comparsa del PSOE, y la nueva está condenada a ser la comparsa de Podemos.
En ese contexto, Madina, como buen zapaterista, parecía llamado a ser el capitán de un «frente amplio» que apestaba a Frente Popular rebautizado sólo a medias, para que nadie se perdiera. Pero Madina no es un líder, nunca lo será. Su mirada torva, ojerosa, huidiza, no es la de un líder. Su cabeza hundida entre hombros estrechos no es la de un líder. Su discurso, inexistente por lo general, cuando asoma se revela rencoroso, atormentado, plagado de fantasmas, y aderezado con altas dosis de Franco en salmuera, que diría el gran @Montano66. La imagen de Madina es la imagen de la fragilidad, y un líder no puede permitirse parecer débil. Por eso y no por otra cosa, el moderado Pedro Sánchez, un hombre salido de la nada, ha necesitado apenas un mes para arrasar con años de inercia, para desvelar que el capital político acumulado por Madina se debía solamente a haber pasado siete años chupando cámara detrás del escaño de Zapatero, sin decir nada, sin hacer nada, sólo estando ahí para que el público se fuera quedando con su cara. Sólo un mes de ver a Madina hablar, moverse e interactuar, ha bastado para quemarlo como candidato. La sola comparación da pena, y nada en Madina puede competir con Pedro Sánchez, un tipo apuesto, de voz templada, mirada limpia y pose asentada, que podría rebajar incluso a la mitad todas esas virtudes y mantener sólo su imagen de sanidad física y mental, para tirar por tierra la candidatura de Madina. Algunos dicen que el discurso moderado de Pedro Sánchez ha sido la clave, frente al hedor de supervillano soviet que destilan las palabras de Madina. Otros dicen que la clave de Pedro Sánchez ha sido el poder de su hada madrina Susana Díaz. Pero ni lo uno ni lo otro: el discurso guerracivilista de Madina ya ganó en su carcasa más atractiva, la del primer Zetapé, y Edu era también hombre del partido. Si la Díaz hubiera presentado a otro Madina, no habría ganado, y si el discurso de Sánchez fuera el de Madina, habría arrasado igual. Quien ha ganado ha sido, como siempre, el candidato que da confianza.
Como dije al principio, en tiempos duros el capital político es la ilusión. Así lo ha entendido el separatismo catalán, la nueva extrema izquierda, y ahora también el PSOE. Y un Mariano tecnócrata, incapaz de generar ilusión, si es que siquiera lo intenta, un Mariano que ha apuntalado su liderazgo purgando el PP de toda voz que inspire sentimiento alguno, lo va a tener muy crudo para superar la ola que se le viene encima, la prueba que nunca ha superado: la de ganar las elecciones a un candidato medianamente decente, a un candidato que genera ilusión entre los suyos, y ya veremos si también entre los ajenos.
Algunos recibimos con inquietud la habilidad con que Podemos está rentabilizando sus táctica de comunicación. Eso no quiere decir que creamos que el Tuerka y su troupe salgan de la nada. En un universo de causas y consecuencias, un curita laico con verbo de máquina de tabaco no iba a ser una excepción. Es más, no sólo no sale de la nada, sino que es consecuencia inevitable de una serie de causas. La primera, la más manida aunque no por ello menos fundamentada, es la corrupción generalizada. La segunda es la crisis. Pero hay una tercera, la más importante. Se habla menos de ella, precisamente porque es una causa aún más ambiental y de mayor recorrido que las otras, y por tanto, menos visible a simple vista. El discurso de Podemos es la consecuencia lógica, natural e inevitable del paternalismo estatal creciente que habitamos disfrazado bajo los nombres de «socialdemocracia» o «estado del bienestar».
A la manera del colono en plena conquista del Oeste, el político del bienestar necesita ampliar sus campos de actividad para superar al candidato contrario. Y para ello, explotará sin disimulo el discurso de «lo público». Qué buenos son los políticos que nos proporcionan tranvías que nadie pidió, tranvías que vienen a hacer la competencia a transportes públicos con los que ningún empresario privado podría competir, pues el presupuesto público es sinónimo de gratuito, además de infinito. A cambio de casi nada, (apenas la mitad de nuestro trabajo), la clase política vive de vendernos la sanidad gratuita, la enseñanza gratuita, la cultura gratuita, el transporte gratuito, la información gratuita, el entretenimiento gratuito, el subsidio gratuito. Ninguna pérdida es importante cuando se trata de ofrecer servicios fundamentales a los ciudadanos, aunque sean servicios que podrían explotar con mayor eficacia sectores privados a un coste mucho menor.
Al mismo tiempo, el ciudadano socialdemócrata ve con malos ojos que le suban los impuestos, pero siempre sin olvidar que alguien tiene que pagar tanto servicio gratuito. ¿Sobre quién recaerá esa responsabilidad, pues? Evidentemente, sobre los sectores productivos, y más encarnizadamente cuanto más productivos. Es lo que llamamos «que pague más el que más tiene», y que se traduce en hacerle a nuestros jefes lo que no queremos que nos hagan a nosotros: arruinarlos. Por tanto, el político tiene que ocultar, por impopular, toda rebaja de impuestos al sector que lo paga todo, y que es el sector empresarial privado. Y lo que, aunque legal, se hace de tapadillo, con el tiempo se convierte en inmoral. En una sociedad que santifica todo aquello que sea bendecido con el apellido «sin ánimo de lucro», la consigna es depredar el tejido empresarial, y así lo enseña, sin el menor disimulo ya, el personal de la enseñanza gratuita.
Cuando el público reclama que paguen «los ricos», en realidad está pidiendo a gritos que estos desaparezcan, y por consiguiente, que sea el Estado quien proporcione el trabajo. Ya nadie quiere ser rico: preferimos que los demás dejen de serlo. ¿Cómo no va a triunfar el discurso de Pablemos?¿Quién puede competir con un comerciante cuyo producto es gratuito? En realidad, el Tuerka es la versión no adulterada del producto que exigimos a nuestros políticos, y como todos sabemos, el público tiende a rechazar imitaciones, quedándose con el producto original.Intrépido lector, no pongas tus barbas a remojar. Más bien, déjate una buena coleta. Es lo que van a hacer los políticos europeos de izquierda, centro y derecha más pronto que tarde.
El señor Pablo Iglesias no se cansa nunca de restar importancia a asuntos que le son incómodos, como su simpatía manifiesta por la causa de ETA o la relación de las élites de Podemos con la Venezuela chavista, aduciendo que «esos no son asuntos que importen a la ciudadanía», para pasar a enumerar hasta el hartazgo asuntos que sí están entre los más importantes para los españoles: paro, corrupción, sanidad, enseñanza, economía…, en claro contraste con la concreción de su denuncia, sus recetas no pasan de vaguedades, mantras socialistas y obsesiones comunistas como la República, que como todos sabemos es la solución a todos los males; el «empoderamiento ciudadano», cuyo fin último hemos descrito en el anterior post; más subvenciones, cómo no; la famosa renta básica, o sea, un sueldo para cada individuo (habría que mirar cómo se paga, o por qué); creación de organismos públicos para (ponga aquí cualquier propósito de apariencia razonable); y poco más. Don Pablo Iglesias, buen conocedor del recetario propagandístico que compartían Goebbels y Lenin, se mueve con mayor concreción en la denuncia que en la propuesta.
Sin embargo, ha salido a la luz por boca de Pablo Iglesias un ítem que carece del más mínimo interés para el público, y lo ha hecho con bastante más concreción de lo que acostumbra, si bien se ha cuidado mucho de mostrar sus cartas antes de tiempo. Ahora resulta que a este ariete del ciudadano, a este portavoz de lo que de verdad importa al proletario, a este paladín de todo ciudadano que no pertenezca a una clase social más baja que la suya, le parece prioritario «el control de los medios de comunicación». Este blog, a pesar de ser de bajo presupuesto, es muy amigo de frecuentar el bar de abajo. No falla, es bajar a por el pan y distraernos un par de cañas en la terracita de Los Cigarrales, el mejor mesón de la calle Antonio López. Desde ahí, este lumpen-oligarca infiltrado entre la ciudadanía escucha (sin tomar nombres, por supuesto) las conversaciones de la muy variada parroquia. Hemos oído hablar de paro, de corrupción, de fútbol, de Sálvame, de ropa, de precios (la vida sube que es una barbaridad), de supermercados, de monarquía o república, de enfermedades, de pechos, y hasta de granos en las ingles. ¿Sabe el intrépido lector de qué NUNCA hemos oído quejarse a nadie por la calle? Exactamente, de la independencia de los medios. Qué curioso, ¿no?
Sostiene Pablemos que «los medios de comunicación, por lo menos una parte, tienen que tener mecanismos de control público». Obviamente se refiere a los medios privados, puesto que los medios públicos ya se regulan, obviamente, por controles públicos. Pablo Iglesias está hablando de controlar a los medios privados. ¿A todos? No, claro. Sólo a una parte de los medios privados. ¿A cuáles se referirá? ¿Está acaso amenazando a Cuatro y La Sexta, que le tienen 24 horas en antena, dejándole hablar con total libertad? Claro que no. Está amenazando a aquellos medios que no le son afines, los medios que dan voz al sector del público que nunca le será afín. Y lo hace con la suficiente inteligencia como para no decirlo abiertamente. Pero ese «por lo menos una parte» (nada de igualdad aquí) nos lo deja suficientemente claro.
Curiosamente, el señor Iglesias hace hincapié en los canales privados, cuando son los canales públicos los que son susceptibles de no ser independientes, pues cobran del Estado y no necesitan de sus audiencias para pervivir; ¡¡¡cuando son los medios privados los que están dando estopa a los políticos cada día, y los medios públicos los que están siendo descaradamente utilizados por los políticos con intereses partidistas!!! Pero no, el problema son los canales privados. Por lo menos una parte.
Sostiene Pablemos que ese control de determinados mediosprivados no tiene por qué hacerse a través del control público (otra confirmación de que se refiere a los medios privados), sino a través de una regulación del sector que garantice la independencia de los mismos. O como encontramos en el programa europeo de Podemos, escondido entre muy loables medidas para discapacitados:
Un enunciado que recuerda necesariamente a la constitución marxista del 36 que ya señalamos en el anterior post. La democratización real (con apellidos) orientada al servicio de la ciudadanía(libertad supeditada a un sesgo político, pues). ¿Y en qué se concreta esa ciudadanía? Obviamente, en el único partido que no es casta, sino ciudadanía en estado puro, más ciudadana incluso que los ciudadanos que no les votarán nunca. Una fórmula de toda la vida para la censura de toda la vida. Leyendo esas líneas me viene a la memoria la misteriosa frase, «impunidad mediática», que pronunció la semana pasada Beatriz Montañez para señalar a sus dos compañeros periodistas Eduardo Inda y Alfonso Rojo, de línea editorial contraria a la suya.
La realidad es que la independencia de los medios privados, la libertad de prensa, la tan cacareada pluralidad, no están en entredicho,precisamente porque es el público, con su mando a distancia, quien premia o castiga los contenidos ofrecidos por esos mismos canales, tanto públicos como privados. Uno hace zapping y se encuentra todo tipo de opiniones y de contenidos, desde misas hasta guerrillas urbanas muy ciudadanas, con sus consiguientes defensores y detractores, pasando por todas las posturas intermedias y no pocas aledañas. ¿Por qué arriesga su credibilidad el señor Iglesias con una propuesta liberticida que nadie ha pedido? Para ir vendiéndola, y que se vaya repitiendo el mantra, sabedor de que el proyecto bolivariano de Podemos requiere necesariamente del control de los medios para su permanencia en el tiempo, como ha demostrado el ruinoso y muy votado régimen venezolano. Tan semejante es la propuesta de Iglesias al modelo de censura venezolano, que propone incluso que el propietario de un canal privado ha de ser necesariamente de nacionalidad española, cosa que, 1) insinuada por el PP, sería recibida como una medida xenófoba, casi genocida, y 2) la recoge también la Ley de Responsabilidad Social de Chávez: el titular de la licencia ha de ser necesariamente de nacionalidad venezolana. Nuestra ley de Zapatero, por cierto, recoge que el titular de una licencia ha de ser ciudadano de la UE, sin que haya resultado un atropello para nadie.
Si un político quiere ejercer un poder sobre los medios privados es porque el control de los medios públicos ya lo tiene. Sostiene Pablemos que «por qué no va a existir una regulación que garantice la libertad de prensa». Pues por ejemplo, porque ya la hay. Este señor, que banaliza su simpatía con la causa etarra aduciendo que «no es algo que preocupe a el ciudadano«, nos sale ahora con un problema inventado, y con una solución que sí es un problema. O como dijo Groucho Marx, «La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados«.
Pablito Iglesias El Tuerka, la coleta más ilustre del panorama tertuliano, ha venido para quedarse, y ahora que se ha afianzado en el escaño europeo, empieza a soltar perlitas que ni loco habría dejado caer antes de las elecciones europeas. El revuelo pabloeclesiástico de la semana ha sido sonado: quiere traernos la verdadera libertad de prensa, una prensa del pueblo y para el pueblo. Por lo menos, eso dice. Y como en este blog somos cualquier cosa menos desconfiados, le creemos a pies juntillas. No en vano, no ha habido totalitario que no haya propuesto antes que Pablo su libertad de prensa. La buena, la fetén. La proletaria, la del Movimiento o la del volk, tanto da, al final siempre es la misma. La del dictador.
En las democracias occidentales ya existe la libertad de prensa, no necesitamos a nadie que venga a traérnosla. La libertad, de prensa o de cualquier otro ámbito, se identifica fácilmente: su enunciado constitucional es escueto y sin apellidos. En el caso de la Constitución del 78, se garantiza, sin más, la libertad de expresión, y especifica las comprensibles limitaciones legales a esa libertad: amenazas, violación de intimidad, y poco más. En prensa e información, por supuesto, la deontología profesional juega un papel fundamental porque impide publicar como ciertos los datos que sean falseados, inventados o no contrastados. Son recortes de la libertad de expresión, pero coincidirás conmigo, intrépido lector, en que son recortes razonables. Al fin y al cabo, la libertad de uno termina donde transgrede la de otro.
Existen otras limitaciones a la libertad de expresión, determinadas por la jurisprudencia específica, más o menos caprichosa y paternalista, que caracteriza toda socialdemocracia como la nuestra. Estas legislaciones se centran sobre todo en los medios audiovisuales, por ser masivos, y por tanto, de interés para los políticos. Nuestra ley audiovisual data del zapaterismo y abunda en tratar la información como un derecho del público, y trata al espectador como si no tuviera criterio a la hora de elegir qué programas ver, cuáles no, y cuándo apagar el televisor, obligando a los emisores a respetar ciertas cuotas de pantalla, límites de publicidad, mínimos de cine nacional por total de películas emitidas, prohibición de promocionar activamente el uso de tabaco y alcohol, limitación horaria de publicidad de bebidas alcohólicas según graduación, y todo tipo de disposiciones semejantes que en este blog no compartimos, entendiendo que si el espectador es mayorcito para votar, también lo es para elegir qué ver y qué no ver, y cuánto caso hacer de lo que ve.
Esto es así por la concepción socialdemócrata de la televisión como servicio público, incluyendo la TV privada. Dejemos para otro día el debate entre servicio público versus libre competencia, asumamos que vivimos en la socialdemocracia. En España, las limitaciones legales de un canal de televisión están centradas en acotar lo lucrativo de la actividad televisiva, en evitar los monopolios, y en «proteger al espectador» como consumidor de material audiovisual, sin incidir en los contenidos, más allá de los casos mencionados y otros pocos, destinados a proteger al sagrado y rara vez productivo cine español, y a las «sensibilidades de la igualdad», que es el sello Zetapé de una ley muy semejante en contenido y cometido a las de nuestros vecinos de la paternalista y socialdemócrata Europa, y que no entra, como es lógico, en nada sustancial tocante a contenidos o línea editorial, que queda al albedrío del objetivo empresarial del emisor. En todo caso, cuanto más simple la ley, más claros sus límites, y sobrelegislar o poner apellidos a la libertad y a la información sólo nos lleva a equívocos que por un lado hacen más difícil saber cuándo se ha transgredido la norma, y por otro lado, desembocan necesariamente en un recorte de la libertad de expresión.
Las dictaduras y los gobiernos de tintes totalitarios también dicen tener su propia libertad de prensa. Y todos ellos afirman que su ley de libertad de prensa está «al servicio del pueblo». Hitler tenía una ley de libertad de prensa que afirmaba primar las necesidades del pueblo, Lenin ponía en manos del proletario los medios de comunicación para afianzar el régimen socialista, Franco aseguraba una libertad de prensa al servicio del Movimiento popular y sindical, Mussolini parecido, y Hugo Chávez, ahora transmutado en pajarito susurrante, también, supeditando su libertad de expresión a los principios llamados «bolivarianos». Pero los totalitarios son todos muy parecidos, y llaman libertad sólo a SU libertad, y no a la de sus adversarios. Y por «el pueblo» entienden sólo los individuos afectos al régimen, o por lo menos los que no les critican. Los totalitarios, ya sean fascistas o comunistas, en virtud de esas leyes llamadas de «libertad de prensa», encarcelan a periodistas críticos con el régimen y aún más a menudo cierran medios de comunicación críticos con el gobierno, de un plumazo y/o usando todo un sinfín de argucias legales propiciadas por complicadas normativas de prensa. Porque ahí está la cuestión. Las leyes de libertad de prensa y expresión son más genuinas cuanto más escuetas. Cuanto más las complicas y supeditas a objetivos populistas, más fácil es recortar la libertad de prensa y expresión en virtud de tal o cual normativa o principio.
Ejemplos: la Ley de Prensa de Fraga (1966) textualmente garantizaba una libertad de expresión, sí, pero supeditada a un sinfín de condicionantes que literalmente dinamitaban dicha libertad: respeto a la moral, a la defensa nacional, garantizar la seguridad pública y del Estado, no contradecir los principios de «el Movimiento», etc, etc…, con la consiguiente necesidad de definir qué es faltar a la moral, a la seguridad pública, al «Movimiento», y demás. En resumen, que sólo la prensa afín al régimen podía publicar o emitir libremente. O sea, que no había tal libertad. Y con todo, fue una ley aperturista. La anterior de 1938 era mucho más dura, totalitaria, pensada para cerrar medios y encarcelar periodistas desafectos, como de hecho hizo. La de Fraga de 1966 (ya pseudototalitaria) estaba pensada no para cerrar medios, sino para mantener a raya a los que ya existían. Y las penas de cárcel que contemplaba la de 1938 eran en su mayoría rebajadas a multas de mayor o menor cuantía.
Portada de La Codorniz estrenando la Ley Fraga (1966) con la primera caricatura de un político en activo que se publicaba desde 1939.
Un ejemplo más reciente es la llamada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión del pseudototalitario Hugo Chávez, cuya intención sí es la de cerrar medios desafectos al gobierno a través de un laberinto normativo que, presentado entre palabras como «democratizar», «dignidad», «poner la información en manos del pueblo» o «acabar con el latifundio mediático», siempre termina por perjudicar a sus enemigos políticos, nunca a las emisoras afines al régimen. Al fin y al cabo, ¿quién define qué es la «responsabilidad social» que debe observar todo emisor venezolano?
Así, en Agosto de 2009 Chávez cerró 34 emisoras críticas con él, por «no haber renovado a tiempo sus licencias» o «por el fallecimiento de sus propietarios originales» (esa fue la explicación inicial del gobierno) aunque más adelante se reconoció que las cerraron, a esas y después a otras cuantas más , por «lavar el cerebro a la gente» (cita textual de Diosdado Cabello, ministro de Industria). Queda meridianamente claro que utilizaron como excusa una normativa para cerrar medios desafectos. No lo digo yo, lo dijeron ellos mismos con la candidez que proporciona la pura impunidad. Parecido ocurrió en enero de 2010 con el fulminante apagón de frecuencia sin notificación previa que sufrió el histórico canal venezolano RCTV, desafecto al chavismo, usando como excusa una complicada normativa que exige cierto porcentaje de contenidos nacionales dependiendo del régimen de emisión al que esté adscrito el canal, además de la obligatoriedad de emitir determinados actos presidenciales. Al final el resultado fue semejante: se cerró un potente canal de la oposición por hacer uso de su libertad para elegir sus contenidos.
Extracto del diario digital Público. Ofrecemos el enlace al final del post.
Estos abusos es fácil verlos a posteriori, pero no los vemos venir tan fácilmente, pues visten una retórica «democrática» que esconde sus verdaderos fines al común de los mortales. ¿Cómo reconocer cuándo nos van a dar gato por liebre? Cuando nos venden una ley de libertad de expresión con apellidos, o con propósitos supuestamente nobles, y sobre todo cuando definen qué contenidos son beneficiosos para el pueblo y cuáles no. ¿Y sabe el intrépido lector quién asesoró al gobierno de Chávez para hacer frente a las críticas por aquel acto liberticida? Exactamente, la fundación CEPS, de la que formaban parte Pablo Iglesias y otros miembros de las élites de Podemos.
Texto extraído del informe elaborado por el CEPS para el gobierno de Hugo Chávez. Incluimos enlace al documento al final del post.
La asesoría consistía exactamente en elaborar un prolijo argumentario a favor del gobierno en el cierre de RCTV, incluyendo cierre de canales y emisoras en otros países. Nótese que en el texto, de consumo exclusivamente interno, ya no se habla de que el espacio radioeléctrico pertenece al ciudadano ni nada parecido, ¿verdad? Ahora que nadie les escucha, dicho espacio pertenece al Estado, y es el Estado el dueño de conceder y renovar licencias.
Aunque desde aquí recomendamos examinarlas, siquiera someramente, las leyes son largas, farragosas y técnicas. Hay veces que en los propios enunciados constitucionales, puras declaraciones de intenciones, ya podemos encontrar la trampa que nos revela el recorte de libertades que vendrá después en virtud de las leyes específicas. Y qué mejor ejemplo para ilustrarlo que la Rusia comunista, paradigma de totalitarismo y de recorte sostenible de libertades, donde opinar contra el régimen a título privado, o simplemente ser sospechoso de ello, llevó a millones de individuos a la cárcel o a la muerte. La constitución soviética del 36 «garantiza la libertad de palabra e imprenta, poniendo a disposición del ciudadano los medios de comunicación, a fin de consolidar el régimen socialista».
La trampa es sutil: el enunciado «garantizar la libertad de expresión a fin de consolidar el régimen socialista» es una contradicción en sí misma, dado que si no eres socialista no puedes usar con libertad tu «libertad de expresión», que queda sólo para los afectos al régimen. Y ni siquiera, pues son de sobra conocidos miles de casos, antes del terror de Stalin, durante y después, en que individuos afectos al régimen dijeron o publicaron algo que no fue del gusto del poder y acabaron en el GULAG igual, o directamente fueron amablemente acompañados por la policía y nunca más se supo de ellos. ¿Por qué? Porque la Constitución URSS del 36, o cualquier otra constitución socialista, no está pensada para «empoderar al ciudadano», sino para controlarlo hasta su último pensamiento, ejerciendo para ello la más férrea censura que ellos llamaban «voz del pueblo».
Se da en este sencillo texto otra trampa aún más sutil, porque dejar los medios de comunicación en manos de los ciudadanos es imposible. Al final, un grupo de delegados, elegidos de una u otra manera, tendía que hacerse con el control del medio, y dado que la constitución prohibía la empresa privada, que quedaba textualmente «en manos del Estado», ¿quién se ocupaba del medio? Pues o bien los delegados, votados en asamblea «ciudadana», pasaban a ser miembros del partido único, o más probablemente, el parido único, que para eso era el partido del pueblo, ponía a sus propios funcionarios. El resultado era el mismo, puesto que el medio sólo podía informar de aquello que ayudara a consolidar el régimen socialista. En resumen, tan esperanzador epígrafe dejaba los medios de comunicación automáticamente a disposición del gobierno.
Los efectos de la ley no los determinan los propósitos que aduzca su autor: los determina su contenido, y los políticos muestran una tendencia enfermiza a ocultar sus verdaderos propósitos en un mar de palabras huecas, títulos bonitos y propósitos nobles. Pero da igual que la llamen Ley de Libertad Ciudadana de Prensa, o Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión. Lo que importa está dentro de la ley. Si la ley le pone apellidos a la libertad, o un enrevesado pliego de condiciones, es sin duda para limitar la libertad del individuo.
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Podemos es una exitosa fórmula de fracaso. El fracaso de Podemos viene implícito en su agenda oculta, su secreto peor guardado: su ADN comunista. Extrema izquierda, compadreo con ETA, socialismo duro, recorte masivo de libertades, que se traduce siempre en miseria, escasez y persecución del individuo. Véase cualquier ejemplo histórico sin excepción, prestando especial atención al régimen venezolano, cuyo gobierno, asesorado por las élites de Podemos, ha llevado a su nación la escasez de productos de primera necesidad. Especialmente sangrante es la escasez de papel, siendo Venezuela el principal productor de papel del mundo. El éxito electoral de Podemos reside en ocultar su socialismo duro, disfrazándolo de justa indignación ciudadana (esa palabra). Sólo así podrá superar el techo de votos natural de cualquier partido de extrema izquierda: atrayendo al votante despistado que jamás votaría a amigos de ETA; o directamente atrayendo al tonto del culo, que compra discursos fáciles sin entrar en detalles. Y el diablo está en los detalles.
Tomemos el programa de Podemos para la campaña Europea. En él hay dos ejemplos que, contrapuestos, nos dan la medida exacta de qué es Podemos, más allá de las coletas y las poses informales de El Tuerka, su Querido Líder.
Ejemplo 1: Políticas de protección a homosexuales.
Dejando aparte la obvia discriminación al varón heterosexual, que como todos sabemos, es el origen de todo mal, y dejando aparte también el hecho de que nuestra legislación ya garantiza el derecho a «la seguridad y la vida libre de violencia» a todo ser humano sin distinción, centrémonos en que son sólo una excusa para el verdadero centro del epígrafe: «Un sistema jurídico de garantías que intervenga tanto en el ámbito público como en el privado». Se traduce en un sistema jurídico que penalice cualquier actitud, contraria a la norma, que uno tenga en el ámbito de su privacidad. Cualquier gesto o comentario que hagas, intrépido lector, delante de la televisión, o tomando algo con los amigos, o en familia, será punible, constitutivo de delito, si se sale de la normativa impuesta. Nótese además que ese sistema jurídico del que habla Podemos no estaría circunscrito al ámbito de la opción sexual, sino a cualquier otro ámbito («a través de un sistema jurídico que…»). Y es ahí, camuflado entre las palabras «libertades», «garantías», o «derechos», donde se encuentra el objeto más peligroso de todo el programa implícito de Podemos: su intención de ideologizar por ley nuestra vida privada. Detalles.
Ejemplo 2: Políticas antiterroristas.
Obviamente, Podemos no está contento con la política antiterrorista que tenemos en España. La encuentra demasiado dura con los terroristas. ¿Por qué? Porque Podemos comparte ideario conETA, algo que ha quedado sobradamente demostrado por testimonios de los propios alumnos y compañeros de Iglesias y Monedero, por los múltiples vídeos que corren por la red con Pablo Iglesias dando charlas codo con codo con conocidos abertzales, o en sus propios programas de televisión minoritaria, La Tuerka y después Fort Apache, hablando con simpatía de ETA y de su causa. Sin embargo, con todo lo que habla, cuando llega el momento de poner su mensaje al alcance de un público masivo, Pablo Iglesias se cuida mucho de decir en las tertulias esa parte de su discurso. Y si se fija el espectador que se somete voluntariamente a semejante tormento (yo lo hago a veces), verá que toda la flema y serenidad del coleta se torna agresividad e insulto cuando le sacan el tema de su simpatía por ETA, lo mismo que cuando le vinculan con el régimen chavista. No desmiente, no explica: niega e insulta. Lo más llamativo es que suele ser el moderador quien le rescata del embrollo cambiando de tema, interrumpiendo al tertuliano que saque el asunto, o incluso cortándolo directamente. ¿Por qué? Porque no quiere que el votante despistado se entere de que Pablo Iglesias simpatiza con ETA y con el chavismo. Detalles.
Finalmente, establezcamos una comparación entre los dos textos reseñados. Para «proteger» al homosexual y a «la mujer», Pablo Iglesias no duda en intervenir la privacidad del individuo. Sin embargo, en materia antiterrorista, Pablo Iglesias se muestra mucho más comprensivo, y propone «no vulnerar el derecho a la libertad de expresión». Juntando ambas propuestas, quedaría el derecho a la protesta circunscrito solamente a aquellas ideas que el gobierno marcase como correctas. Considera Iglesias que hay que invadir la privacidad de un señor que diga en su casa que «telecinco es un nido de maricones», pero no la libertad de un señor que diga públicamente que matar está bien si es por la causa correcta.
La ciudad en llamas 